Muertos están. No hay nada que hacer. Pero que este doloroso episodio sirva para que las FARC y el Gobierno depongan sus vanidades y sus propósitos militaristas y busquen una negociación seria, con mediación y verificación de la comunidad internacional para que, finalmente, los secuestrados que aún están vivos, regresen pronto a la libertad.
Todos los seres sensatos en Colombia y el exterior, de derecha, de izquierda o de centro, han comprendido que el despeje para negociar no es claudicación; que la vida de los secuestrados está por encima de cualquier consideración política o de estado.
Los secuestrados son responsabilidad de las FARC, que se los llevaron vivos y los deberían devolver vivos.
Pero del Gobierno también es la obligación, facilitar la liberación de los rehenes, cualquiera que sea la concesión que se tena que hacer para ese propósito, en materia de despeje, o de contraprestación del mismo nivel.
La negociación de un acuerdo humanitario no es para entregar a la contraparte lo que cada uno defiende.
No puede creer el Presidente que va a entregar la dignidad del estado ni el status quo que preserva.
De la misma manera como la guerrilla no puede pretender que le entreguen un territorio para la negociación con una dimensión mayor que la necesaria.
Y tampoco nadie puede espera que con el canje vayan a entregar sus banderas.
Y quienes defendemos la negociación no podemos ser señalados como apologistas o amigos de la subversión.
Lo mismo debemos pensar de quienes se oponen al Acuerdo.
Que cada parte defienda sus principios, opiniones, conceptos o creencias, pero que no olviden que en la mitad de la controversia están los rehenes, seres humanos que aùn si fueran parte del conflicto no tiene por qué ser condenados a cadena perpetua o a prisión perpetua como están ahora.
Los obtusos de un lado ni del otro pueden seguir ignorando la esencia del problema: no es justo que los secuestrados sigan pagando por la maldad deliberada de los combatientes.
Entonces, que este episodio, sirva para abrir el camino hacia la negociación del acuerdo humanitario.
Así como en 1985 el M-19 atacó al Palacio de Justicia y en una alianza no acordada con el ejército masacró a los magistrados y a los civiles en el fuego cruzado y tres años después estaba desmovilizándose y reincorporando sus cuadros a la vida civil, con la FARC debe pasar algo similar. Por lo menos para la libertad de los secuestrados, pero que sea el comienzo para un proceso de paz.
Así lo pedimos los colombianos en una aplastante mayoría. Estoy seguro de que solamente aquellos que de lado y lado se lucran con la guerra no permiten dar el primer paso.
