Más de mil cadáveres han sido desenterrados en las últimas semanas en Colombia, en un nuevo capítulo de la barbarie que no cesa en el país y que en menos de 10 años deja más de 50 mil muertos, millares de heridos y millones de desplazados.
El hallazgo de Putumayo, donde inicialmente descubrieron los restos de 230 personas, es uno más de los centenares de desentierros que han tenido lugar especialmente en el norte de Colombia.
El propio Fiscal General, que advierte que los sepultados en Putumayo son más de 3.000, les atribuye esta cadena de espantosos crímenes a las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los paramilitares de derecha que actuaron en connivencia con la Fuerza Pública, funcionarios públicos y dirigentes políticos, muchos de los cuales han participado de la coalición uribista en el gobierno.
Las exhumaciones han sido posibles por las confesiones de los desmovilizados jefes paramilitares, las denuncias de los familiares de las víctimas y de habitantes de esas regiones del país, dijo el Fiscal Mario Iguarán.
El mismo funcionario judicial ha admitido que pueden ser 50 mil los colombianos y extranjeros que murieron por decisión y acción de los paramilitares de las AUC, organización criminal con la cual el gobierno del presidente Alvaro Uribe llevó a cabo un proceso de paz que condujo, según las cuentas oficiales, a la desmovilización de más de 31.000 de esos combatientes.
El gobierno consiguió que el Congreso aprobara una muy criticada ley llamada "Justicia y Paz", que dispuso penas de prisión no mayor a ocho años, aún para delitos de lesa humanidad, para los comandantes de las AUC que se acojan a ella, confiesen sus delitos y reparen a los familiares de sus víctimas.
Organizaciones no gubernamentales de Colombia y el exterior, han rechazado la Ley y han llevado el tema hasta los círculos más influyentes del partido Demócrata de Estados Unidos, donde acaban de hacer demostraciones muy críticas contra el presidente Uribe por la laxitud de las normas que benefician a los "paras".
Está comprobado: las AUC cometieron una elevadísima cantidad de asesinatos, desapariciones, deslazamientos, violaciones de toda clase, que llevan a preguntar lo obvio: "Entonces a quiénes mataron los paramilitares"?.
Si las víctimas hubieran sido sólo guerrilleros o sus auxiliares, las FARC y el ELN ya estuvieran borradas de la faz de la tierra.
Pero no es así.
Los muertos, en su gran mayoría, eran inocentes, indefensos, desprotegidos campesinos, pequeños finqueros que se interponían en el camino delictivo de las AUC, que no les permitían tener las extensiones de tierra suficientes para cultivar coca o amapola o que no prestaban sus territorios para montar laboratorios o pistas para el aterrizaje y despegue de sus aviones transportadores de la coca o que simplemente no aceptaban la imposición a sangre y fuego de los políticos corruptos que ellos impulsaban.
Entonces, en qué queda el argumento según el cual los paramilitares se conformaron para enfrentar a los grupos guerrilleros de izquierda y a sus auxiliares civiles, ante la desprotección en que los tenía el Estado?.
Los 3.000 muertos del Putumayo, están señalando desde el más allá lo contrario: que los paramilitares obligaban al Estado a retirarse de vastas zonas para cumplir sus siniestros objetivos: dominar el narcotráfico e imponer sus propias autoridades civiles, militares y hasta eclesiásticas. Lo de atacar a la guerrilla es un macabro cuento.
Y mientras tanto, dónde estábamos los colombianos todos, desde el vecino de la victima hasta el presidente de la República, pasando por periodistas, policías, militares, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas y naturalmente los fiscales, que no nos dimos cuenta de este exterminio?
