Los jefes paramilitares desmovilizados suspendieron indefinidamente las diligencias judiciales de confesión, entre otras razones por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se niega a reconocerles el delito político de sedición.
El presidente Alvaro Uribe, discrepó también de la Corte y pidió igual tratamiento para los miembros de grupos paramilitares que para los guerrilleros.
Este nuevo incidente, aclaran los integrantes de las AUC, se suma a las reiteradas fallas que se han dado dentro del proceso de paz y entre las cuales enumeran el " desentendimiento del Alto Comisionado para la Paz ", las deficiencias en la fase de reinserción que -afirman- ha generado la proliferación de grupos irregulares, la inseguridad jurídica y la no presencia del Estado en las regiones abandonadas por los paramilitares. (VER DECLARACION COMPLETA)
En desarrollo de los compromisos de paz, al menos 50 líderes paramilitares y mandos medios se encuentran recluídos en una cárcel de alta seguridad del noroeste colombiano, a la espera de comparecer ante la justicia para confesar crímenes de lesa humanidad.
Su confesión de la verdad y la reparación a las víctimas, les permitirían acceder a una ley de justicia y paz, aprobada por el Congreso, que les otorga penas de entre cinco y ocho años de prisión, como máximo, por los delitos cometidos.
A punto de cumplir 2 años de vigencia, la ley de justicia y paz cae en su mas grave tropiezo.
